Una obra como esta no es triunfo personal, sino el reflejo de un esfuerzo colectivo que trasciende generaciones y que nos convoca, con humildad y disciplina, a seguir edificando un derecho más humano y más digno para Panamá.

Durante demasiado tiempo, en Panamá hemos dependido principalmente de la doctrina extranjera para nutrir nuestro estudio y práctica. Esa dependencia, aunque valiosa en ciertos aspectos, ha contribuido a un letargo doctrinal: carecemos de suficientes obras nacionales que dialoguen con nuestra propia realidad jurídica.

Esta compilación busca precisamente romper esa inercia y demostrar que aún es posible producir doctrina propia, crítica y útil. Este compendio, como bien señaló mi amigo Edwin Teira —coautor y presentador de la obra—, no se limita a recopilar artículos o transcribir códigos; es una obra que recoge el pensamiento vivo de jueces, fiscales, litigantes y académicos, cada uno aportando desde su propia óptica. Su riqueza radica en esa diversidad de miradas: la del magistrado que interpreta, la del fiscal que acusa, la del defensor que persuade y la del docente que siembra en las nuevas generaciones la inquietud por el estudio y la reflexión crítica.

En esta compilación tuve el honor de participar en dos ámbitos distintos, pero complementarios.

Por un lado, en el Título V del Código Penal, desarrollé el estudio de los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Son figuras penales que, aunque no siempre ocupan titulares, resguardan pilares esenciales de la convivencia y de las relaciones familiares. Entre ellos destacan la violencia doméstica y el maltrato contra niños, niñas y adolescentes, conductas que no solo lesionan la integridad de las víctimas inmediatas, sino que socavan la estructura misma del núcleo familiar y de la sociedad.

Asimismo, se incluyen delitos que protegen la certeza de los registros civiles, la validez de los actos jurídicos y la confianza de la ciudadanía en el derecho mismo. Una identidad falsificada, un documento adulterado o un fraude en el registro civil no afectan únicamente a una persona en particular: erosionan la confianza en todo el sistema jurídico y, sin esa confianza, la legitimidad del derecho se desvanece.

Por otro lado, en el Libro Segundo, Título I del Código Procesal Penal, abordé la parte dogmática y práctica de los actos procesales. Allí reflexioné sobre las resoluciones judiciales, la importancia de su debida motivación y el deber de todo juzgador de justificar con rigor cada decisión. También traté el control de la duración del proceso, recordando que un juicio prolongado sin necesidad equivale a una forma de injusticia; y examiné con detalle las reglas sobre citaciones y notificaciones, que son mucho más que simples trámites: constituyen verdaderas garantías para la defensa y para la certeza procesal

No me considero más que un ser humano que aún tiene mucho por aprender. Mi aporte en esta obra es apenas un esfuerzo por dejar algo a mi país y a las nuevas generaciones de juristas. Reconozco que este trabajo no pretende clausurar debates, sino abrirlos. Por eso invito a mis colegas a leer, estudiar, criticar y superarnos cada día.

Este compendio tiene vocación docente y crítica: busca servir como guía para estudiantes y como herramienta de reflexión para quienes ya ejercen. Si algún lector no coincide con lo expuesto, entonces el trabajo que realizamos ha cumplido su propósito, porque el derecho no progresa en la complacencia, sino en el análisis crítico y en el ejercicio constante del pensamiento.

Felicito a la editorial Círculo de Escritores y a todos los coautores por haber hecho posible este esfuerzo colectivo. Con disciplina, estudio y respeto mutuo, estoy convencido de que podremos seguir construyendo un derecho nacional más sólido, digno y cercano a la justicia.